El Espíritu de la Ley



Conozco a una buena persona. Además de ser mi amigo y de deberle tantas cosas que no podría enumerarlas, es una persona honrada que trata de vivir de acuerdo a su conciencia (y doy fe de que la tiene), que no es poco en los tiempos que corren.

En esta sociedad de marabunta mediática y de golpes de efecto gubernamentales a base de detenciones masivas y “grandes operaciones” policiales que, encima, de momento siguen quedándose en humo aunque distraigan mucho durante un tiempo, nadie está a salvo de nada. Nadie puede estar a salvo, si el poder judicial no respeta las normas (la ley, vamos) y abusa, aunque sea en la forma de interpretar y hacer cumplir la ley que nos iguala a todos. O eso debería ser.

Nadie puede ser culpable de ningún delito a priori. Nadie debería juzgarse en los telediarios ni en los periódicos. Nadie debería dejar de ser inocente hasta que se demuestre fehacientemente su culpabilidad en un juicio con todas las garantías. Nadie debería sentirse desamparado por la Ley. Nadie debería pagar por un delito que no se ha demostrado que lo sea, y durante varios años, menos.

Si se nos llena la boca de decir que vivimos en un Estado de Derecho, si somos ejemplo de transición democrática para otros países, si nos planteamos negociar con terroristas para alcanzar la paz, tal vez deberíamos primero ser justos, también, con aquellos que se han visto envueltos en esas enormes redes que pescan de todo de cara al escaparate, y en las que van justos y pecadores.

Sólo aplicar la ley, que para eso está. Aplicar, no manejarla al antojo de intereses que serían difíciles de justificar si nos pusiéramos todos a exigir explicaciones a quien corresponda.

Mi amigo, que sigue teniendo conciencia, está perdiendo casi todo lo demás por cosas del marketing policial o gubernamental, o lo que sea. Su prestigio profesional, el patrimonio conseguido legítimamente con su trabajo, la tranquilidad de su familia, y la fe en la justicia. En casos como el suyo, sería un milagro no perderla.

Este es también un país de rencores y de revanchas, en el que las cabezas de turco se usan más de lo que sería recomendable. Y todo el mundo se calla. Por si nos toca. Yo hoy me he hartado de eso. Hoy es mi amigo, pero mañana podría ser yo, o tú. Por eso, y porque me parece justo no pienso callarme.

Lo que dejo a continuación, es un artículo publicado en diario Expansión, por el Decano del Colegio de Abogados de Madrid. Dice mucho mejor que yo lo que yo quiero decir:

“Lo que voy a contar no lo hago con mis palabras, sino con las palabras de la Ley. Y lo cuento para que recordemos que la Ley manda para todos los casos. Incluso para aquellos en que la acción de la justicia se nos aparece en tintes teatrales.

El la sociedad que decimos avanzada, en la democracia con tanto esfuerzo conseguida, la Ley es para todos: para los que la dictan o promulgan; para los que hemos de obedecerla, que somos todos; y también para los llamados a interpretarla, aplicarla y hacerla cumplir.

La palabra de la ley es esta: que la persona a quien se impute un acto punible deberá ser, a no ser que la Ley disponga lo contrario o que, desde luego, proceda su detención. Así que, regla primera, salvo excepciones, sólo se puede y se debe citar al imputado para ser oído (art. 486 y 489 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Para que los jueces ordenen una detención, es necesario que se esté en los casos excepcionales que marca la Ley: el delincuente in fraganti, el fugado o el rebelde (art. 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Finalmente, y para cerrar este ciclo de cautelas frente a cualquier abuso o exceso en la decisión judicial de detener, dice la Ley: La detención y prisión provisional deberán practicare en la forma en que menos perjudíquela detenido o preso en su persona, reputación o patrimonio (art. 520.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Ese y no otro, es el modo de usar la fuerza que a los jueces atribuye la ley para disponer de la libertad de las gentes. Jueces y fiscales –en ese sinérgico tandem que forman en la institución de las causas penales- están también obligados a cumplir la Ley, puesto que el imperio de la Ley y el derecho es para todos, sin campo ni lugar para lo arbitrario y caprichoso. Así que jueces y fiscales que ostentan legitimación para instruir las causas, han de hacerlo con arreglo a la Ley. Sus funciones son trascendentes para la paz pública. Y han de ejercerse dentro de los límites de la Ley que, por cierto, les obliga a velar por los derechos de todos, también de los inculpados.

Así que, en lugar de contribuir a la aparatosa exhibición de ese “poder de detener”, sería mejor apartarse de la catarata mediática –que es libertad básica- y usar la fuerza de la Ley con la medida y contención que esa Ley proclama, sin perjuicio de la firmeza y rotundidad necesarias.

Alguien ha de recordar –nosotros los abogados lo hacemos con insistencia- que la instrucción de una causa es sólo el umbral de la Justicia: es investigación, no enjuiciamiento. A los detenidos en esa fase, se les están investigando conductas, no se les está ajusticiando. Su detención es prevención –cuando necesaria- y no condena. Y a los detenidos no se les puede duplicar el precio que en su caso deban pagar por sus delitos, si es que al final –después de un juicio con todas las garantías- una sentencia les condena.

Todo lo que debilite el sistema de justicia –tutela judicial efectiva- erosiona y degrada el Estado de Derecho. La historia nos cuenta las graves facturas que se pagan por el silencio ante ese deterioro de las normas básicas de la convivencia. Y son básicas las que se refieren a la libertad de las gentes.

Miles de jueces españoles están y trabajan por el modelo judicial constitucional; y habríamos de evitar que episodios como algunos que estamos viendo turben la percepción de la ciudadanía sobre la calidad de nuestros jueces y nuestra Justicia.

Cumplimos con el deber de respaldar y apoyar su rectitud, y de formular votos para que todos y siempre muestren su prudencia y su cuidado cuando de la libertad se trata. No vaya a ser que los calabozos policiales se conviertan en injusta e ilegal antesala, pena anticipada e irreversible, de todo llamamiento ante la justicia.”

(Artículo en el diario Expansión del Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Luís Martí Mingarro, el 15 de Mayo de 2007)